Grupo Libertad y Democracia condena grave amenaza a la libertad de expresión en Colombia

En aras de la Libertad y la Democracia condenamos la amenaza que se cierne, desde el poder Ejecutivo, sobre la Libertad de Expresión y la libre opinión en Colombia.

La institución del Delito de Opinión, mediante el acoso judicial y la promoción de leyes para penalizar las críticas de los opositores del gobierno, son un riesgo real e inminente para la supervivencia de la Libertad y Democracia en Colombia.

El discurso político, sobre asuntos de interés público, y el discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y candidatos a ocupar cargos públicos, gozan de especial protección dentro del Marco Jurídico para la Libertad de Expresión del Sistema Interamericano.

“…las expresiones relacionadas con asuntos de interés público o con personas que ocupan o buscan ocupar cargos oficiales tienen un lugar especial en el universo de protección del sistema por su relación fundamental con las instituciones democráticas. Este principio se expresa en ciertos estándares que la Corte y la Comisión Interamericanas han venido desarrollando en los últimos años como, por ejemplo, la mayor tolerancia a las críticas que deben tener los funcionarios o figuras públicas, quienes se encuentran sometidos a un escrutinio mayor por parte de la sociedad.”

La aspiración de la coalición política del gobierno colombiano de instaurar el Delito de Opinión mediante una ley para penalizar a quienes “obstruyan” mediante sus opiniones los acuerdos entre el gobierno de Gustavo Petro y las organizaciones criminales del narcotráfico, es otro atentado en ciernes contra un derecho humano fundamental en Colombia.

En este entorno, la intolerancia del presidente Gustavo Petro a las críticas de su opositor, el ex presidente de Colombia, doctor Andrés Pastrana Arango, es señal inequívoca de falta de garantías al ejercicio libre de la oposición política cuyo terreno natural es el debate público.

Vemos con particular preocupación que, en el país mayor productor de cocaína del mundo, el debate sobre el narcotráfico y sus ramificaciones políticas esté vedado, de facto, por interferencia del Poder Ejecutivo a la fiscalización democrática, desde la oposición, de sus actos.

Llamamos a la comunidad colombiana e internacional a condenar y evitar este grave atentado a la libertad de expresión y democracia en Colombia.