Declaración Grupo Libertad y Democracia ante quiebre democrático en Nicaragua

Preocupados por el quiebre democrático que enfrenta Nicaragua, donde su Gobierno sigue atentando contra la libertad personal, de expresión, religión y prensa de sus ciudadanos. En los últimos meses, el régimen de Daniel Ortega ha desterrado a más de 200 presos políticos, retirándoles su nacionalidad.

Conscientes que varios Estados de la región han denunciado, individualmente y ante la OEA, las ofensas de Nicaragua contra la democracia y el Estado de derecho, incluidas las detenciones arbitrarias y el trato inhumano a los presos políticos.

Convencidos que las acciones tomadas por la comunidad internacional, incluyendo duras sanciones por algunos Estados, no han sido suficientes para que el gobierno de Daniel Ortega cambie sus prácticas abusivas.

Decididos a proponer a los Gobiernos de la región nuevos mecanismos, dentro del marco del derecho internacional, para responsabilizar a Nicaragua por las violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos, incluyendo la detención arbitraria y tortura de sus presos políticos. En particular, de aquellos detenidos en el período previo a las elecciones ilegítimas de noviembre de 2021.

Los Jefes y Ex Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos que suscriben

DECLARAMOS:

1. Los presos políticos encarcelados en Nicaragua han sido maltratados física y mentalmente, sometidos a torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Una práctica que continúa hasta el día de hoy.
2. Nicaragua, bajo el régimen autoritario del presidente Daniel Ortega, ha torturado cruelmente a opositores políticos y otras personas detenidas, en violación de sus obligaciones expresas en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Las pruebas más contundentes e irrefutables proceden de las propias víctimas. En febrero pasado se expulsó a 222 personas presas políticas que fueron enviadas como expatriados a los EEUU. Se les arrebató su ciudadanía, violando los más fundamentales principios del derecho internacional. Otras 94 personas lograron huir del país, sin embargo les quitaron sus propiedades y fueron declaradas traidores a la patria. Adicionalmente, el Obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, negándose a ser desterrado del país, fue condenado a 26 años por traición. Varios de estos testimonios están además respaldados por el informe del 1 de marzo de 2023 de la Misión Independiente de Investigación encargada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre otros.
3. La situación actual requiere en forma urgente una reflexión creativa por parte de los Gobiernos comprometidos con el Estado de derecho, la democracia y la justicia para las víctimas inocentes de la dictadura Nicaragüense.
4. Nuestro compromiso para colaborar en nuevos mecanismos que permitan responsabilizar internacionalmente a Nicaragua por sus acciones, incluyendo demandas ante cortes o tribunales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia, por violaciones flagrantes a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes contra la Tortura.
5. Exhortamos a los Gobierno de América Latina a tomar acciones orientados a dicho fin y desplegar todas las herramientas, en el marco del derecho internacional, para facilitar la operación de la justicia internacional.

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