Declaración Grupo Libertad y Democracia ante violaciones de derechos humanos en Cuba

Hemos conocido, después de cerca de una década de investigación, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señala la responsabilidad del Estado de Cuba por las muertes de Oswaldo Payá y Haroldo Capero y por las torturas y violaciones de las garantías judiciales en perjuicio de Ángel Carromero (Informe de Admisibilidad y Fondo No. 83/23 del Caso 14.196).

Preocupados por las vulneraciones sistemáticas de derechos humanos en Cuba bajo el gobierno dictatorial de Miguel Díaz-Canel, que impide el ejercicio adecuado de los derechos civiles y políticos reconocidos internacionalmente.

Decididos a movilizar a los gobiernos de la región para exigir que Cuba cumpla con sus obligaciones de derechos humanos contenidas en tratados internacionales ratificados y en vigor para dicho Estado.

Tomando nota que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha identificado un patrón sistemático de detenciones y encarcelamientos arbitrarios y la utilización indebida del derecho penal en perjuicio de las personas disidentes y quienes expresan crítica sobre temas de interés público o del gobierno.

Los Jefes y Ex Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos que suscriben, DECLARAMOS:

1. Condenamos enérgicamente la existencia de presos políticos, la persecución política persistente y permanente, los actos de acoso y las detenciones arbitrarias en Cuba.
2. El gobierno dictatorial de Miguel Díaz-Canel vulnera en forma sistemática el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona; el derecho a la libertad de opinión y expresión; el derecho a la protección de la honra y la vida privada y familiar; y el derecho de asociación, todos reconocidos por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
3. Respaldamos el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
4. Existen indicios serios y suficientes para concluir que agentes estatales participaron de las muertes de Oswaldo Payá y Haroldo Capero, defensores de derechos humanos y líderes políticos que fueron sujetos a actos de violencia, hostigamiento, amenazas y atentados contra la vida por parte del Estado de Cuba.
5. El Gobierno de Cuba debe poner en libertad a todos los presos políticos y a las personas detenidas de manera arbitraria por ejercer su libertad de expresión y de reunión. Asimismo, debe terminar con los arrestos periódicos contra las personas defensoras de los derechos humanos y la falta de acceso a representación legal durante las detenciones, actos que son contrarios al derecho internacional.
6. Exhortamos al Gobierno de Cuba a ofrecer garantías respecto al derecho a un juicio justo, a la independencia del poder judicial, y que las personas privadas de libertad tengan acceso a un abogado independiente.
7. Asimismo, el Gobierno debe implementar reformas que garanticen las libertades de prensa, asociación y manifestación, y poner en marcha las reformas políticas que permitan unas elecciones libres, justas y democráticas sobre la base de la voluntad soberana y libremente expresada del pueblo cubano.

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