Decreto que convoca una consulta popular en Colombia amenaza la democracia

La firma del decreto mediante el cual el presidente Gustavo Petro pretende convocar una consulta popular —al margen de la autorización del Congreso de la República y en contravía del marco constitucional vigente— representa una ruptura institucional de extrema gravedad y un intento deliberado por socavar los cimientos del Estado Social de Derecho en Colombia.

No se trata de un episodio aislado ni de una mera divergencia interpretativa. Estamos ante una ofensiva autoritaria del Poder Ejecutivo que busca imponer, sin controles ni legalidad, un nuevo orden político cimentado en la desobediencia institucional y el desconocimiento premeditado de los principios republicanos.

Desde el Grupo Libertad y Democracia expresamos nuestro respaldo firme e inequívoco al pueblo colombiano en la defensa de su democracia. Nos solidarizamos con quienes, con valentía y responsabilidad, alzan su voz frente a este intento de socavar el orden institucional, y hacemos un llamado urgente a todas las entidades del Estado colombiano a actuar con decisión, sensatez y lealtad a la Carta Magna.

De igual forma, rechazamos con contundencia la reciente declaración del presidente Petro, quien ha afirmado que, si su decreto es declarado inconstitucional, convocará al pueblo a recolectar firmas para forzar la consulta y que, si esa vía tampoco prospera, impulsará desde el Ejecutivo la convocatoria directa de una Asamblea Nacional Constituyente.

Colombia no está ante una simple coyuntura política, sino frente a una encrucijada histórica. Defender la Constitución en este momento no es una opción: es un deber inaplazable. Quienes creemos en la democracia, en la libertad y en el imperio de la ley no podemos ceder ante el chantaje del autoritarismo ni guardar silencio frente a su avance. Cada institución, cada ciudadano, cada voz responsable debe alzarse con coraje y dignidad para impedir que la voluntad de una persona fracture el orden republicano.