Grupo Libertad y Democracia ante persecución judicial contra la expresidenta de Bolivia Jeanine Añez y el gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho

La democracia necesita preservar el hilo de sucesión constitucional, sujetarse al estado de derecho y respetar los mandatos populares.

En Bolivia estos tres elementos están siendo desconocidos por la persecución judicial contra la expresidenta Jeanine Añez, el Gobernador Luis Fernando Camacho y muchos otros.

Esta judicialización arbitraria tiene su origen en noviembre de 2019, cuando Evo Morales, quien había desconocido la Constitución para obtener un tercer mandato, violó un referéndum vinculante para buscar un cuarto mandato, hizo fraude certificado por una auditoria electoral de la OEA (pedida por su gobierno), después renunció y se asiló en México. En medio de esta crisis institucional, Bolivia llevó adelante una transición democrática.

La constitucionalidad de esta transición, asumida por Jeanine Añez, fue reconocida por todos los poderes constituidos e instituciones de Bolivia, casi todas dominadas por el partido MAS, entre ellos el Congreso, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General y el Órgano Electoral. La comunidad internacional también reconoció la presidencia transitoria y respaldó su convocatoria a nuevas elecciones, que ganó el actual Presidente Arce, quien hoy reniega de su reconocimiento del carácter constitucional de su antecesora -cuando era candidato- cuestionando así su propia legitimidad.

En los últimos dos años se está intentando criminalizar la sucesión constitucional de Añez, violentando el debido proceso al procesarla por la vía ordinaria, en vez de un juicio de responsabilidades como establece la Constitución boliviana, desconociendo su juez natural que es el Tribunal Supremo y abusando de la detención preventiva como sentencia anticipada e inconstitucional. Asimismo, ha sido privada de la atención médica especializada que precisa y de su derecho a recibir visitas. Bajo el mismo caso se tiene detenido al Gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, electo por aplastante mayoría, al que también se tiene bajo detención preventiva y sin los cuidados médicos que su salud requiere.

Por todo esto exigimos nuevamente que Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho, y todos los presos políticos, se puedan defender en libertad, respetando su juez natural y sus mandatos democráticos.  Llamamos al Secretario General de Naciones Unidas, a la OEA y a la Unión Europea, quienes reconocieron la transición constitucional en Bolivia, a pronunciarse y actuar para evitar que se criminalice la sucesión constitucional y que se destruya el debido proceso. Ni impunidad, ni “lawfare” persecutorio; solo justicia.

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