Grupo Libertad y Democracia condena categóricamente el intento antidemocrático, unilateral y sin respeto al derecho internacional de Nicolás Maduro y el gobierno de Venezuela para resolver sus pretensiones territoriales sobre Guyana Esequiba

El Grupo Libertad y Democracia condena categóricamente el intento de Nicolás Maduro y el gobierno de Venezuela para resolver de manera antidemocrática, unilateral y sin respeto por el orden internacional, sus pretensiones territoriales sobre Guyana.

Reafirmamos que el camino para resolver diferencias entre Estados son los acuerdos bilaterales y los mecanismos establecidos por el derecho internacional. Expresamos que el diálogo, los acuerdos y el pleno respeto al derecho internacional son la única vía para alcanzar soluciones pacíficas, justas y sostenibles en el tiempo.

En este caso, la disputa territorial entre Guyana y Venezuela ha sido correctamente sometida a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano competente para resolverla.

Creemos firmemente que la oportunista celebración del referéndum realizado el pasado 3 de diciembre no es un mecanismo válido para resolver cuestiones territoriales entre Estados soberanos.

Condenamos el intento de Venezuela de utilizar esta herramienta para legitimar una grave amenaza contra la integridad territorial y la soberanía de Guyana, el derecho internacional y la paz en la región. Asimismo, repudiamos la utilización de este conflicto para justificar las órdenes de captura contra 13 dirigentes opositores, incluidos miembros del equipo de trabajo de la candidata presidencial María Corina Machado.

La presentación pública de un mapa de Venezuela, que da por anexado a Venezuela el territorio de Guyana Esequiba, el movimiento de tropas del Ejército venezolano en la frontera, la creación administrativa de una nueva región llamada Guayana Esequiba, y la retórica agresiva utilizada por Nicolás Maduro durante los últimos días, son hechos de la máxima gravedad y que deben alertar a la comunidad internacional, y muy especialmente a Naciones Unidas y la OEA. La condena a esta agresiva e ilegal conducta debe ser clara, firme y transversal.

Es necesario enfatizar que el régimen de Nicolás Maduro ha violado grave, sistemáticamente y por décadas el derecho internacional, los principios democráticos y los derechos humanos del pueblo de Venezuela. Este intento por amenazar la integridad territorial y soberanía de Guyana es una muestra más de la urgencia por reestablecer las libertades, el Estado de Derecho y la democracia en Venezuela y de avanzar hacia una gobernanza internacional más efectiva para prevenir y controlar este tipo de atropellos.

Hoy, además, las acciones de Venezuela violan una orden vinculante de la Corte Internacional de Justicia de no tomar ninguna acción que cambie el status del territorio en disputa.

Por último, reiteramos nuestro llamado a la comunidad internacional a exigir la realización de un proceso electoral justo, libre y transparente en Venezuela, que asegure una transición hacia una Venezuela más libre, democrática, justa y próspera.