Ignacio Abarca y Joaquín Lavín: Crimen organizado y nueva Constitución

Hace poco conocimos las graves amenazas del narcotráfico contra jueces y fiscales que gatillaron la protección policial de 14 jueces en Santiago. A esto se suman los más de 2.000 amedrentamientos contra Gendarmería, que incluyen el envío de coronas de flores, autos baleados y amenazas contra familiares. Esta semana, dos gendarmes y un niño de 13 años fueron baleados en Puente Alto. Si bien el hecho está siendo investigado, preocupa la posible vinculación al crimen organizado, que estaría cruzando una nueva línea roja.

El narcotráfico en Chile se ha expandido fuertemente durante los últimos años. La llegada de organizaciones como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación, ha estado acompañada de un aumento explosivo de los homicidios, que en 2022 crecieron un 42% y que este año siguen al alza, y de un incremento en las incautaciones de dinero del narcotráfico, que casi se triplicaron entre 2016 y 2021. Asimismo, hemos visto un aumento del poder de fuego y la proliferación de delitos como el sicariato y el secuestro.

Pero, ¿por qué nos pasa lo que antes no pasaba y a qué se debe el aumento de la violencia? Por un lado, el negocio del narcotráfico se ha movido desde un modelo centrado en el tráfico a gran escala, cuyo valor agregado estaba en el transporte, y se enfocaba en el control de las rutas, a un modelo de venta de drogas en pequeñas cantidades, donde el valor está en la distribución, y por lo tanto, en el control territorial. Este cambio ha conducido al desarrollo del narcotráfico en países como Chile que no son parte de “la ruta”, y a luchas por el territorio que demandan más personas y mayor violencia. Además, su negocio se ha ampliado en base a la extorsión de cualquier persona que quiera desarrollar una actividad en áreas controladas por ellos.

Por otra parte, el crimen organizado crece cuando el Estado y sus instituciones son débiles o sus autoridades no se ponen de acuerdo para combatirlo de manera frontal y decidida. El debilitamiento del Estado de Derecho, la creciente sensación de impunidad, las deficiencias en inteligencia y tecnología, y la falta de acuerdos amplios que fortalezcan las capacidades del Estado, contrastan con la velocidad con que estos grupos adoptan nuevas tecnologías, infiltran las instituciones y se apoderan del territorio. Así, la presencia del narcotráfico se ha ido normalizando. Un ejemplo son los narcofunerales que cada cierto tiempo interrumpen el funcionamiento de nuestras ciudades mientras son escoltados por Carabineros.

Para revertir este escenario, el proceso constitucional ofrece grandes oportunidades. Primero, acordar un marco de convivencia que vuelva a ser aceptado y respetado por todos, y revitalice la fuerza del Estado de Derecho. El valor de la fortaleza institucional es innegable cuando se trata de promover el respeto a las normas democráticas, fortalecer la legitimidad de quienes deben hacer cumplir la ley y asegurar que quienes cometan delitos respondan por ellos.

Segundo, trazar una hoja de ruta que permita fortalecer un tejido social debilitado y que ha facilitado el avance del crimen organizado. El abandono del Estado, la falta de presencia policial o la incapacidad de brindar servicios básicos generan vacíos que suelen ser aprovechados por el narcotráfico para reemplazar al Estado, tejer redes clientelares, operar y expandirse. Así, resolver de buena forma el tema constitucional permitirá sentar bases sólidas para proyectar un desarrollo más inclusivo que fortalezca la presencia del Estado en aquellos lugares donde ha estado ausente.

Por último, avanzar en el fortalecimiento de las instituciones a cargo de la seguridad y la justicia y robustecer las herramientas para combatir estos fenómenos. Los énfasis de la discusión constitucional en materia de seguridad, la regulación del uso de la fuerza en términos de favorecer su eficacia y amparar el actuar de las policías que suelen verse expuestas a inusitada violencia y poder de fuego, y la promoción de mayor colaboración con las municipalidades, son señales positivas en este sentido. Del mismo modo, innovaciones como la creación de una Policía Fronteriza, que asegure una migración ordenada y regular y la expulsión de quienes vienen a Chile a cometer delitos, o la Fiscalía Supraterritorial que permita despersonalizar las investigaciones (y proteger a los fiscales), integrar información y coordinar esfuerzos para desmantelar organizaciones criminales, son buenas razones para el “a favor”, y para comenzar a recuperar el terreno perdido frente al narcotráfico.

Firman
Ignacio Abarca, Fundación Aire Nuevo
Joaquín Lavín, Universidad del Desarrollo